En 1966 un considerable grupo de universitarios e intelectuales de Barcelona se reunió en el convento de los capuchinos de Sarriá para celebrar una asamblea de la que debía salir la creación del nuevo Sindicato Democrático de Estudiantes.
La policía trató de impedirlo y los asistentes se encerraron en el edificio con el apoyo de los religiosos, permaneciendo allí casi dos días ante la expectación de la prensa internacional; a aquel singular episodio se lo conoce como La Capuchinada.
Tras acabar la Guerra Civil, España había pasado por un período de penuria posbélica que, con el agravante del conflicto mundial y el aislamiento político del país, obligó a aplicar la célebre autarquía, una autosuficiencia económica que trataba de cubrir las necesidades básicas recurriendo a los recursos naturales nacionales e intentaba la puesta en marcha de una incipiente industria. Pese al dirigismo estatal, el progreso fue muy lento y no empezó a dar resultados hasta 1959, cuando por fin se alcanzó un nivel de rentas equiparable al de 1935.
A partir de ahí el Plan de Estabilización abrió camino a una serie de planes de desarrollo más específicos que en los años sesenta permitieron mejorar considerablemente el nivel de vida, incrementar la población y cambiar la estructura social clásica española, aumentando el protagonismo de la clase media.
Por supuesto, todo esto tuvo repercusiones en otros aspectos, como el geográfico (un éxodo rural que despobló el campo en favor de las ciudades), el cultural (cambios en la moda y las costumbres, difusión del laicismo) y el político. En este último también intervino la propia evolución de la dictadura franquista, que pasó de la parafernalia fascista de los primeros años cuarenta a ir ocultando poco a poco esos símbolos a medida que las potencias del Eje iban perdiendo la Segunda Guerra Mundial, para ir suavizando la dura represión de esa década a lo largo de la siguiente, con la reconversión en lo que se llamó democracia orgánica.
Sin embargo, la bonanza económica de los sesenta y los profundos cambios sociales que había provocado tuvieron repercusión en la situación política. Los movimientos opositores empezaron a cobrar fuerza, parte de la Iglesia se distanció del régimen y se extendió la conflictividad laboral y social.
En ese contexto los estudiantes universitarios, una nueva generación de españoles que no habían vivido la Guerra Civil y que demandaban una transformación más profunda del país, ya empezaba a ser una de las puntas de lanza contra el sistema. El mundo de la universidad había empezado a manifestar su descontento ya desde 1956, con los disturbios que se desataron ese año contra la restrictiva Ley de Ordenación Universitaria de 1943 aprovechando el homenaje que se intentó rendir al recientemente fallecido Ortega y Gasset y la celebración de un Congreso Universitario de Escritores Jóvenes. El evento fue prohibido y, a cambio, se repartió un manifiesto que convocaba un Congreso Nacional de Estudiantes.
Entonces el jefe del SEU (Sindicato Español Universitario, de orientación falangista y única organización legal en ese ámbito, por lo que era obligatorio afiliarse para poder matricularse) ordenó un asalto de la facultad con agresiones a los estudiantes que culminó al día siguiente con uno de los falangistas herido de bala (no se sabe si por la policía o por sus propios compañeros) y la detención de numerosos líderes opositores. Cuando se supo que el SEU planificaba una venganza con el apoyo moral de mandos del ejército, el ministerio decretó el cierre de la universidad, destituyó al decano y forzó la dimisión del rector, cayendo también luego el ministro de Educación y el secretario general del Movimiento.
Diez años después, aquella ruptura generacional e ideológica se acentuó. En 1965 las movilizaciones estudiantiles no sólo eran ya comunes sino que estaban en plena ebullición y contaban con el apoyo de numerosos catedráticos y profesores, varios de los cuales fueron expulsados de sus puestos. El SEU, que había quedado muy tocado a causa de los incidentes señalados antes, terminó disuelto ese año por el gobierno ante su incapacidad para controlar la universidad.
Fue sustituído por las Asociaciones Profesionales de Estudiantes pero en la práctica ya había otro organismo mayoritario en las aulas: el SDEU (Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios). A finales de febrero de 1966, la sección barcelonesa de dicho sindicato convocó una asamblea para establecer sus estatutos. El lugar elegido fue el convento de los capuchinos, en Sarriá, y la fecha el 9 de marzo.
A pesar de que la policía logró enterarse de la convocatoria, no pudo averiguar el lugar exacto hasta poco antes porque se había mantenido en secreto precisamente para evitar que acudiese, de manera que cuando por fin se presentó allí ya había dentro más de medio millar de personas; la mayoría estudiantes pero también una treintena de prestigiosos invitados (entre ellos figuraban Manuel Jiménez de Parga, Salvador Espriu, Antoni Tápies, José Agustín Goytisolo, Ernest Lluch, Xavier Folch o Jordi Solé Tura, por ejemplo), varios periodistas y tres observadores extranjeros.
Las fuerzas del orden rodearon el edificio y prohibieron el acceso a más gente, instando a los de dentro a salir con sus DNI. Pero éstos se negaron a hacerlo si tenían que identificarse -algo que les supondría problemas judiciales, obviamente-, optando por encerrarse. Se inició entonces un peculiar sitio en que se les cortaron las líneas de teléfono y el suministro eléctrico, permitiéndose entrar sólo a los frailes de la orden, que les llevaban bocadillos y mantas.
Durante dos jornadas se organizaron allí dentro diversas actividades culturales, como conferencias y charlas, mientras el caso empezaba a atraer la atención de la prensa internacional y varios corresponsales se desplazaban a la ciudad condal para cubrir la noticia; también llegaron mensajes de solidaridad de organizaciones estudiantiles y juveniles de todo el mundo.
Los capuchinos intentaron mediar para que se autorizase salir a los estudiantes sin necesidad de mostrar el carnet pero la policía se negó y al final fue el gobierno el que tomó la decisión final: vulnerando el Concordato con la Santa Sede (lo que provocaría la animadversión de la mayor parte del clero catalán), el 11 de marzo los agentes forzaron la entrada y obligaron a salir por la fuerza a los estudiantes, arrestando a los líderes, que, como se temían, fueron objeto de represalias: expulsados de la universidad (junto con los profesores que les apoyaron), algunos procesados por el TOP (Tribunal de Orden Público) y todos condenados a pagar fuertes multas (aunque se hicieron colectas y subastas de obras de arte que cubrieron los importes).
Obviamente, la prensa del régimen les criticó (incluyendo a aquel sector del clero que de pronto se oponía al franquismo) y bautizó el suceso como La Capuchinada en clave de burla, mientras que los medios internacionales hacían lo contrario.
Pero apenas había pasado un par de meses cuando se celebró una nueva asamblea, esta vez en la misma Universidad de Barcelona; de nuevo fue disuelta por la policía, que se llevó a los representantes estudiantiles y ello provocó que un grupo de sacerdotes emitiera un comunicado exigiendo su liberación para luego presentarse en comisaría pidiendo ver a los presos.
Como el comisario no quiso recibirles y ellos insistieron, la cosa terminó con la imagen -insólita hasta entonces- de una carga policial contra religiosos de la que otra vez se hizo eco la prensa internacional. Esa tensión entre los estudiantes y la dictadura ya no se detuvo y en 1969 se produciría un punto de inflexión con la proclamación del estado de excepción nacional; al franquismo aún le quedaban seis años de vida.
Fuentes: Historias curiosas del franquismo (Daniel Arasa) / Rojos y rebeldes. La cultura de la disidencia durante el franquismo (Shirley Mangini González) / España bajo el franquismo (Josep Fontana, ed.) / Wikipedia.